El pasado 4 de agosto, el Govern Catalán aprobó el Decreto 75/2020 de Turismo de Cataluña por el que se regula el alquiler de habitaciones turísticas.
El objetivo de este decreto, es aportar mayor seguridad jurídica y prevenir el fraude para evitar la comercialización ilegal de los alojamientos.
Aunque el decreto entró en vigor el pasado 26 de agosto, no va a ser hasta dentro de un año cuando se empiece a llevar a cabo esta nueva tipología de alojamiento turístico. Durante este tiempo, los ayuntamientos tendrán que asumir la nueva regulación, ya que ellos serán los encargados de decidir si en esa población se va a poder llevar a cabo esta actividad de vivienda compartida, especificando los requisitos y detalles para conceder las correspondientes habilitaciones y/o licencias, como por ejemplo: cuántos metros cuadrados corresponden a cada persona, qué es lo que se consideraría exactamente una habitación, cuáles eran los requisitos de seguridad etc.
Esta información se pasará a la Generalitat que será la encargada de elaborar el Registro General de Catalunya.
Esto supone que a partir de ahora cualquier propietario podrá destinar su vivienda al alquiler, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre otros, que el titular de la vivienda resida y comparta esa vivienda con los turistas mientras dure la estancia, durante un periodo no superior a 31 días y con un máximo de 4 personas. Además, tendrá que contar con la cédula de habitabilidad y estar inscrito en el Registro de alquiler turístico, que como hemos comentado previamente, elaborará el Ayuntamiento.
No obstante, este decreto no ha estado consensuado por parte de todos los representantes del sector inmobiliario, e incluso el Ayuntamiento de Barcelona está estudiando el margen de maniobra legal para intentar frenar los efectos del Decreto, contrarios a su lucha municipal por limitar la oferta de camas turísticas. En concreto, el Consejo Catalán de Colegios de API de Cataluña, también ha reclamado la participación de todos los representantes del sector, teniendo en cuenta que se trata de una normativa muy trascendente en materia de vivienda.